HAITI: UN VECINO INGRATO

Wilson A. Acosta S.

Haití construye un muro en su frontera con la provincia de Elías Piña. Esta edificación expresa en forma categórica, sin necesidad de explicación, sin haberse dado una consulta amigable con las autoridades de nuestro país, una clara manifestación de su soberanía, de su sentimiento de nación, de su apego a su terruño y a su cultura. Transmitiéndonos sin lugar a dudas con este mensaje, una palpable intención que nos hace recordar que somos dos pueblos diferentes e independientes el uno del otro.
Este acto soberano del estado vecino debe servirnos como lección a los dominicanos. Es un ejemplo a imitar; y si no lo imitamos, por lo menos ese hecho debería inducirnos a la reflexión y al entendimiento... ¡Porque es una advertencia!
Ninguna nación ha sido más solidaria que la nuestra con Haití, sobre todo en sus momentos de desgracia. Los haitianos han llegado a nuestro territorio en estampida, urgidos por la pobreza que los abate, cruzando impunemente la frontera, siendo recibidos con sentimiento de conmiseración.

Se han establecido en nuestros campos y en nuestras ciudades, donde han hallado en la medida de lo posible trabajo para ganar el pan de ellos y el de sus familias, escuelas, hospitales… Sin ser molestados. Es una crueldad que nos acusen de xenófobos, pues siempre les hemos brindado protección.

A pesar de que una gran mayoría de nuestro pueblo también sufre los rigores de la miseria y del desamparo social, hemos sido consecuentes con el dolor del vecino. No obstante, algunos de sus líderes no dan en sus pronunciamientos el más mínimo indicio de haberlo advertido.

Otros tantos son traídos por sectores poderosos de ambos países, que representan a las grandes empresas de la construcción y del agro, en una inhumana modalidad de explotación que asegura grandes ganancias económicas, pero que también proporciona empleos remunerados a esa masa de desempleados. Años atrás ingresaban legalmente mediante contrato entre ambos gobiernos por el tiempo que durase la zafra para emplearlos en las labores del corte de la caña en los centrales azucareros.
En la actualidad, tenemos un número significativo de estos inmigrantes ejerciendo la mendicidad en las calles y las plazas de nuestras grandes ciudades.
En estos tiempos el fenómeno migratorio ha devenido en un gran dolor de cabeza para las naciones desarrolladas y más aun para aquellas naciones del tercer mundo que han logrado algún avance en sus economías.
El crecimiento de la población en el mundo está desbordando todos los parámetros. Ya nuestra isla posee más de veinte millones de habitantes, repartidos casi por partes iguales en las dos repúblicas que la ocupan.

De acuerdo con reputados organismos internacionales Haití es un estado en franco proceso de desintegración, con pocas o ninguna posibilidad de subsistencia. Realmente el orden público en Haití es mantenido en forma precaria por una fuerza internacional llamada Minustah. Ante este drama se hace evidente que nuestro país no puede cargar con la quiebra de ese pueblo hermano.

El status de ilegalidad en que se desenvuelve esa inmensa masa de hombres y mujeres migrantes de todo el mundo, que huyendo al hambre desafían la muerte para ingresar a territorio extranjero, violando las legislaciones de los respectivos países al que ingresan, ha provocado que los estados desempolven y actualicen sus leyes referentes al tema de la migración, prestos a definir siempre a la luz del derecho el status de cientos de miles de ilegales que como en el caso de nuestro país dominicano se han establecido impunemente durante décadas, protegidos por sectores poderosos de ambos lados, ante la actitud cómplice de los gobiernos de turno.

El gobierno dominicano no tiene control de los haitianos que viven entre nosotros, aquí no existe registro oficial de estos y en su país natal no hay institución que los dote de documentos, son no menos que fantasmas, pues no poseen una carta de ciudadanía o documento de identificación, por lo que cuando estos delinquen aquí, se van al otro lado de la frontera para lograr su impunidad, pudiendo regresar después sin que exista ninguna posibilidad de poder ser identificados. Es materialmente imposible para nuestro país manejar sin un reglamento legal esos centenares de miles de migrantes haitianos, (en menor número de otros países), que han aumentado increíblemente su número después del terremoto del 12 de enero del 2010.

Ahora por fin nos encontramos en la vía que posiblemente ha de conducirnos a la solución de este viejo y espinoso asunto que nos amenaza con transformar en un caos la vida y la organización civil de nuestra sociedad.
La sentencia TC/o168/13 evacuada por el Tribunal Constitucional que rechaza el recurso de revisión de amparo interpuesto por Juliana Dequis (o Deguis) Pierre, contra la sentencia num. 473/2012 dictada por la Cámara Civil, Comercial y de Trabajo del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Monte Plata, ha levantado una tormenta en nuestra sociedad, en cuyo vórtice se enfrentan dos posiciones diametralmente opuestas: una a favor, otra en contra, atrincherados unos en razones nacionalistas quizás extremas y otros esgrimiendo razones de derecho posiblemente vistos a través de un lente de aumento.

De acuerdo con la sentencia del T.C., Juliana Dequis es una persona “que si bien nació en el territorio nacional es hija de nacionales extranjeros en tránsito, lo cual la priva del derecho al otorgamiento de la nacionalidad dominicana de acuerdo con la norma prescrita por el artículo 11.1 de la constitución de la República promulgada el veintinueve (29) de noviembre del año mil novecientos sesenta y seis (1966) vigente en la fecha de su nacimiento”.

En su dispositivo esta sentencia manda a la Dirección de Migración otorgar un permiso de estadía especial temporal en el país a la señora Juliana Dequis hasta que el plan nacional de regularización de los extranjeros ilegales radicados en el país previsto en el artículo 151 de la Ley de Migración num. 285-04 determine las condiciones de regularización de este género de casos, y manda además, que se le otorgue el mismo trato o procedimiento a todos los casos similares que pudieran presentarse, hasta que la autoridad competente finalice dicho reglamento que regirá en lo adelante la población de inmigrantes en nuestro territorio.

La diplomacia haitiana genera una gran presión internacional a raíz de la sentencia del T.C., presiona contra nuestro país en defensa de sus nacionales, los entiende gravemente afectados por la decisión, tratando a como dé lugar de frustrar los intentos legítimos del país en reglamentar la situación anómala de sus connacionales que se han establecido ilegalmente en nuestro territorio, acusando al T.C. de despojar de la nacionalidad dominicana a miles de haitianos nacidos en nuestro territorio.

Mientras eso sucede, los dominicanos no hemos podido llegar a un acuerdo que defina este pesado problema de la diáspora haitiana sin lesionar el derecho de nuestro pueblo, preservando y aceptando los derechos que hayan sido justamente adquiridos por algunos hijos de estos extranjeros nacidos en nuestro país.

La constitución vigente proclamada el 26 de enero del año 2010 en su artículo 18 que define la nacionalidad, establece lo siguiente en su numeral 3), que son dominicanos: “las personas nacidas en territorio nacional, con excepción de los hijos e hijas de extranjeros miembros de legaciones diplomáticas y consulares, de extranjeros que se hallen en tránsito o residan ilegalmente en territorio dominicano. Se considera persona en tránsito a toda extranjera o extranjero definido como tal en las leyes dominicanas.”

En relación a este conflicto el representante residente de la ONU en nuestros país Lorenzo de Luis dio estas declaraciones recogidas por la prensa nacional: “que ese organismo considera que la única salida para resolver el problema de los indocumentados en República Dominicana es la implementación del programa de regulación que manda y obliga la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional, respetando la soberanía nacional, los acuerdos internacionales y los derechos humanos”. “la sentencia es un hecho, prosiguió, ya es final, es inapelable e inamovible. La sentencia ya no está en tela de juicio ni es susceptible de ser considerada por nadie ni mucho menos por un organismo internacional. La sentencia es lo que es”.

Igual, se vislumbra una diferencia entre el ataque bestial de la diplomacia haitiana y la sensata declaración hecha en Jamaica por su presidente Michel Martelly en la que afirma que la sentencia de nuestro Tribunal Constitucional es una mera expresión de un país soberano.

El aspecto humano y el respeto a los acuerdos internacionales, al que se refiere y exigen personalidades y entidades tanto del país como internacionales, habrá de expresarse cuando se produzca el reglamento del plan de regularización, nuestro Estado posee todos los recursos tanto en el orden político como en el orden jurídico para hacerlo, es esto sin lugar a dudas lo que más preocupa y lo que más se discute, o sea, el camino o la tendencia que podrían tomar las reglas que este reglamento disponga.

Humildemente creemos que se ha originado una gran ola de pasión en torno a la interpretación de la sentencia mun.116-13 del T.C. y que el desborde de estos sentimientos no ha permitido la interpretación en frio de lo que esta manda y decide, por lo que invito a todos nuestros líderes políticos y sociales inmersos en el tema a reflexionar la sabia frase de Santa Teresa De Jesús que nos dice lo siguiente: “Los extremos son malos, aunque estos estén vinculados con la virtud”.